MONITOREO DE NOTICIAS

Hasta junio, la reducción fue de 21,4%
EXPORTACIÓN MINERA CAE POR DESCENSO DE PRECIOS Y DEMANDA METALES

PAGINA SIETE.- El Gobierno atribuye la baja a cotizaciones negativas, y dice que mejorarán.
Natalí Vargas / La Paz - 16/08/2012
Al primer semestre, las exportaciones de minerales hacia 29 de los 60 países a los que Bolivia envía estas materias primas disminuyeron en relación con similar lapso de 2011.
Según especialistas, esto se debe a una reducción en la demanda y en los precios por la crisis económica mundial. El Gobierno atribuye el declive a las cotizaciones internacionales.
Los datos reflejados en el Boletín Estadístico del Ministerio de Minería, correspondiente al semestre de enero a junio, deducen una rebaja de 21,4% en las ventas al extranjero (ver gráfica).
En el listado, Brasil es el destino donde ocurrió la caída más notoria, del 62%; le siguen Australia con 52,4%; Rusia con 48,4%; México con 46,3%, España con 45,8%, Chile con 42,8% y Canadá con 38,4%.
El viceministro de Desarrollo Productivo Minero, Freddy Beltrán, explicó a Página Siete que “en aquellos países donde la reducción es de más del 50% hay una baja en cuanto a volumen. El precio afecta al menos en 15%”; es decir, una caída superior denota que además hay baja en cuanto a la demanda.
Al respecto, el especialista Dionisio Garzón sostiene que la disminución en los volúmenes se debe a la crisis mundial, “sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que provoca una baja en la demanda de materiales que se siente ya ahora en Europa y en menor magnitud en Asia”.
Sin embargo, Beltrán recalca que “los países no están bajando su demanda, estamos trabajando con los mismos mercados; puede variar el destino de nuestras exportaciones, pero en general este año no se esperan cambios importantes”.
Los datos del Boletín Estadístico revelan que, por ejemplo, en el primer semestre de 2011 el país exportó 204.336 toneladas métricas finas (TMF) de zinc, pero en el mismo período de este año rebajaron a 180.468.
Las menores ventas ya tienen un impacto en la disminución de las regalías.
El analista Rolando Jordán sostiene que “si Estados Unidos no abandona las políticas económicas anticíclicas, si se confirma el derrumbe de Europa y la ralentización del crecimiento económico chino, estamos frente a un derrumbe de precios” que proseguirá.
El ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que por el momento los precios de las materias primas en el país, como los de los minerales y de los hidrocarburos, no han caído en la magnitud pronosticada por los organismos internacionales, pero el motor del crecimiento del país es la demanda interna y no el comercio externo.
El viceministro Beltrán justificó que “excepto el oro, los demás minerales tienen precios más bajos en 15 a 20% con relación a 2011”.
Sin embargo, anunció que para 2013 habrá un repunte, cuando entren en funcionamiento las plantas de fundición de Vinto y Karachipampa.
Menos regalías departamentales
Oruro En el primer semestre de 2011 recibió 12,7 millones de dólares y en el mismo período de 2012, sólo 10,9 millones de dólares.
Potosí Durante la primera mitad del año pasado sus regalías fueron de 64,6 millones de dólares; sin embargo, esta gestión son de 48,9.
Las regalías bajan en 19,2%
De enero a junio de 2011, los departamentos productores de minerales recibieron algo más de 82,9 millones de dólares en regalías, mientras que en un similar período de 2012, sólo 67 millones, lo cual significa una disminución de 19,2%.
La caída en los precios de los minerales afectó los ingresos de las regiones y lo seguirá haciendo. De hecho, según el experto Carlos Sandy, las gobernaciones de Oruro y Potosí están calculando una reducción del 40% en sus regalías para el próximo año.
Por ejemplo, de los 140 millones de bolivianos que recibió Oruro en 2011 por regalías, para 2013 “simplemente está previendo cerca de 80 millones”.
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Mutún, un proyecto fallido
El yacimiento de hierro de la provincia Germán Busch tiene una historia de desencantos, el último involucró a la Jindal
El yacimiento minero

La Razón / 30/07/2012/.- El contrato minero más grande de la historia de Bolivia ha quedado en nada tras cinco años exactos de vigencia. La transnacional india Jindal Steel & Power Limited ha dejado el país, ha abandonado la explotación del millonario yacimiento de hierro del cerro Mutún en la provincia cruceña Germán Busch, en la localidad de Puerto Suárez. Y su salida ha traído mucha tela para cortar.
Desde que la veta fue descubierta a mediados del siglo XIX, el proyecto es uno de los anhelos postergados de los pobladores de esa región fronteriza con Brasil, que ha adoptado la denominación de “la futura capital del acero”. Este nombre no es gratuito, está avalado por más de 40 mil millones de toneladas de hierro y 10 mil millones de manganeso que yacen en el Mutún, que lo convierten en una de las mayores reservas del mundo, un potencial que los gobiernos de turno no pudieron aprovechar desde 1956, cuando atrajo la atención del gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Ese año se encargó a la flamante Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y al Servicio Geológico de Bolivia la inspección geológica del sitio y la cuantificación de sus ingentes reservas. Tras ello, vino la época de los emprendimientos fallidos: la Empresa Siderúrgica Boliviana S.A. (Sidersa) creada por el presidente de facto Hugo Banzer Suárez (1971-1978) o la Unidad Promotora del Fierro y Acero en Santa Cruz, que unió fuerzas con la Comibol para encomendar, a mediados de los años 80, los estudios de factibilidad para la construcción de una planta de producción de arrabio en base a carbón vegetal.
En 1993 le tocó el turno a la Empresa Metalúrgica del Oriente —parte de la Comibol—, que exportó aproximadamente 350 mil toneladas de concentrados de hierro a acerías o fábricas de acero de Paraguay y Argentina, que devolvían a Bolivia lo comprado en materiales con valor agregado. No obstante, no se avanzó más por la falta de tecnología para la explotación, transporte y embarcación de la producción por uno de los puertos de la provincia (Busch, Quijarro o Aguirre), a través de las aguas de la hidrovía Paraguay-Paraná.
Después, no hubo actividad en el Mutún durante una década, hasta que el Estado lanzó una licitación internacional para la firma de un pacto para la extracción del mineral en el cerro, en una coyuntura dominada por el alza en la demanda y el precio del hierro y el acero, por el impulso de China. Esto convirtió al yacimiento cruceño en un botín codiciado. En abril de 2006, ante el riesgo de frustrarse la adjudicación a la brasileña EBX, los entonces ministros de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas; de Producción y Micro Empresa, Celinda Sosa, y de Minería, Wálter Villarroel, fueron tomados como rehenes en Puerto Suárez. Tras el conflicto, ya se habló de Jindal.
Cuatro meses después, la compañía se adjudicó el contrato de riesgo compartido y creó una subsidiaria: Jindal Steel Bolivia (JSB). El documento fue avalado por el Congreso y también llevó la rúbrica de la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), y marcó el inicio de un proyecto siderúrgico que no solamente explote, sino que industrialice la riqueza del Mutún, con el desarrollo de la ferrominería mediante concentrados de hierro, su reducción a hierro esponja y briquetas, y la producción de acero y láminas. Mitad de la veta sería aprovechada durante 40 años por la Jindal y la otra parte por el Estado boliviano, con la ESM como protagonista.  Promesas. El currículum de la multinacional no dejaba dudas: una empresa en manos de cuatro hermanos (liderada por Naveen Jindal) con medio siglo de experiencia en la explotación de hierro y dueña de 14 plantas (una docena en la India, una en Estados Unidos y otra en Indonesia), con $us 4.500 millones de capital y $us 3.850 millones de ventas anuales, con negocios en 42 países de los cinco continentes y con 32 poblaciones adoptadas como “ahijadas”, bajo la política de “apadrinar” urbes aledañas a sus minas.
Las metas y promesas no tenían precedentes: el proyecto reemplazaba como combustible al carbón vegetal por el gas natural, con $us 2.100 millones de inversión, 1,7 millones de toneladas de hierro esponja y 1,4 millones de toneladas de acero laminado anuales para el mercado interno y la exportación, $us 200 millones de impuestos al año, 6.700 empleos directos y 15 mil indirectos. Aparte, la construcción de una ciudad cercana al Mutún para los trabajadores y la instalación de servicios básicos, hospitales, escuelas y hasta una universidad técnica para los nuevos “ahijados”: los municipios de Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero.
Luego de que el banco BISA garantizara a la Jindal la otorgación de boletas de garantía por $us 45 millones, Puerto Suárez fue el escenario del lanzamiento y la celebración del acuerdo, el 19 de julio de 2007. Allí, Evo Morales sujetó un trozo de hierro y enunció dos palabras: “misión cumplida”. Asimismo, se informó que el Gobierno invertiría $us 150 millones para la edificación de un nuevo atracadero en Puerto Busch y para garantizar su conexión vial y ferroviaria con el Mutún. Las caras sonrientes dominaron a las partes del negocio, pero la luna de miel acabó en un suspiro.
El primer traspié surgió a los pocos meses, por el retraso del saneamiento en los terrenos otorgados a la empresa, equivalentes a 5.500 hectáreas de superficie. Por otra parte, el avance del proyecto y de las inversiones en el Mutún no convencieron al Gobierno con el pasar de los años. Fue así que todo estalló en 2010, cuando la ESM ejecutó dos boletas de garantía por $us 18 millones de la Jindal, por su falta de renovación. Y en mayo de este año, vino la segunda penalización: el cobro de otra boleta de $us 18 millones, esta vez por un supuesto incumplimiento del plan de inversiones, que derivó en un proceso judicial iniciado de oficio por el Ministerio Público.
Según el Gobierno, las inversiones en la veta de hierro no se asoman a los $us 600 millones estipulados en el cronograma, mientras que Jindal alegó que hasta marzo, la adquisición de maquinaria y los contratos de servicios alcanzaron a $us 583,47 millones. Así, el conflicto llegó a los extremos. La firma paralizó actividades, demandó el cambio de condiciones del contrato y acusó cualquier inconveniente a la irresuelta dotación de tierras y del gas que requerirá dentro de dos años su planta de generación termoeléctrica: al menos 10 millones de metros cúbicos por día, y no así los 2,5 millones programados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Puso sobre la mesa cuatro condiciones: garantías para la no nacionalización de sus inversiones, el levantamiento del juicio en contra de sus ejecutivos, revertir la ejecución de sus boletas de garantía y dejar sin efecto una auditoría sobre su presencia en el país. El Ejecutivo rechazó estas peticiones y remató con una exigencia adicional: que la Jindal deposite $us 2.100 millones en la cuenta de un banco nacional como prueba de que posee recursos económicos para consolidar el complejo siderúrgico. Y sin resquicio para el diálogo, el 16 de julio, la transnacional decidió rescindir el pacto.
Más aún, amenazó con un juicio por daños y perjuicios, por el “incumplimiento y falta de voluntad de parte del Gobierno de Bolivia para cumplir con sus obligaciones contractuales”. La respuesta gubernamental trajo consigo otro aviso similar: un juicio por daño económico, para conseguir una compensación de la Jindal. En medio de la pulseta, el 20 de julio, la Fiscalía recurrió al allanamiento de las sedes de la compañía en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez, con intervención militar en el Complejo Siderúrgico del Mutún y secuestro de documentación de por medio.
Se abrió la caja de Pandora. Salió a la luz una auditoría encomendada por la ESM a la firma Delta Consult SMS, que plantea que la multinacional sólo invirtió $us 12 millones. El fiscal anticorrupción Aldo Ortiz reveló que la JSB se conformó con apenas Bs 18 mil de capital. Aparecieron deudas de la Jindal por el arrendamiento de oficinas. A la par, ésta pidió precautelar la seguridad de sus bienes y de sus empleados, mientras el Ejecutivo anunció que una nueva licitación duraría seis meses y que, al menos, 15 compañías están interesadas en asumir el negocio.
De esta forma, las ilusiones de los habitantes de la provincia Germán Busch, y sobre todo de su capital, Puerto Suárez, han vuelto a quedar en suspenso. Decenas de obreros han quedado sin trabajo. Más todavía, la fiebre del hierro se ha convertido en pesadilla para cientos de inmigrantes que buscan ser parte de una bonanza que aún no despega. Informe La Razón llegó a esa región para contar los avances del emprendimiento, y las esperanzas y frustraciones tras el final del contrato minero más grande de la historia boliviana
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CORRUPCIÓN EN YPFB

Los Tiempos /30/07/2012/.-El caso Río Grande, más que atribuible a la falta de escrúpulos de unos cuantos individuos, es consecuencia de la falta de institucionalidad en la empresa estatal
El caso más reciente de corrupción en las más altas esferas ejecutivas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha vuelto a llamar la atención de expertos en materia hidrocarburífera y de la ciudadanía en general en la manera como está siendo administrada la principal empresa de nuestro país y sobre las consecuencias que esa situación ocasiona sobre la economía nacional y sus proyecciones hacia el futuro inmediato.
En efecto, las irregularidades en la contratación y adjudicación de las plantas separadoras de Río Grande y Gran Chaco, además de sus múltiples derivaciones estrictamente jurídicas y legales, ha vuelto a dar actualidad a una serie de dudas y cuestionamientos sobre la manera como desde hace más de seis años, desde el 1 de mayo de 2006, está siendo administrado el sector energético nacional y principalmente el hidrocarburífero.
Esas preocupaciones no son nada nuevas. Muy por el contrario, prácticamente desde el día mismo en que se puso en marcha la estatización del sector hidrocarburífero comenzaron a proliferar las advertencias sobre los muchos peligros que traería la destrucción de la institucionalidad construida durante años previos. La transformación de YPFB, como de todas sus empresas subsidiarias, en una especie de apéndice del partido gobernante guiado por criterios estrictamente políticos y partidarios más que técnicos y administrativos, como se advirtió oportunamente, no podía dar otros resultados que los que ahora se ven.
Lamentablemente, tantas y tan recurrentes advertencias nunca fueron atendidas. Por el contrario, una y otra vez se las descalificó con el único argumento de que estaban motivadas en una resistencia al “proceso de cambio”.
Con esos antecedentes, y dadas las circunstancias que rodean el caso Río Grande, no resulta sorprendente que un grupo de individuos que tenía a su cargo la gestión de tan importante proyecto haya podido disponer no sólo de una vagoneta de la empresa, sino de millonarias cuentas bancarias como si de su propio patrimonio se tratara.
Sin embargo, más importantes que los aspectos escandalosos que van aumentando a medida que salen a luz los detalles, es que a través de ellos se hace visible un problema mucho más grave, que consiste en que en la principal empresa de nuestro país no existen, y si existen no funcionan, las más básicas instancias institucionales de control. El sólo hecho de que el caso haya sido descubierto por pura casualidad –como consecuencia no prevista de una investigación por uso indebido de un vehículo de YPFB que sufrió un accidente y quedó destrozado, en día no hábil y sin autorización– y no porque se hayan activado los procedimientos de control interno y fiscalización, es muy elocuente.
Por eso, y para evitar que tan importante asunto quede reducido a la falta de escrúpulos de unos cuantos individuos, es necesario que la oportunidad sirva para identificar y resolver las causas profundas del mal. Comenzar por respetar lo que manda la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes sobre la estructura institucional de YPFB y todas las empresas del sector, tendría que ser el primer paso.

---------------------------------------------------------------------------------Jindal exige una garantía de no nacionalización para quedarse
Jindal condicionó su permanencia en el país a que el Gobierno le garantice que no nacionalizará sus inversiones. La firma retomará la negociación si también se levantan los procesos, se soluciona la ejecución de su segunda boleta y se deja sin efecto la auditoría.

La Razón /14/07/2012/.- El miércoles, el gerente de Asuntos Legales de Jindal Steel Bolivia (JSB), Jorge Gallardo, informó a La Razón que envió ese día una carta a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) con las condiciones para retomar las negociaciones con el Gobierno y así dar continuidad al proyecto del Mutún.
Gallardo explicó ayer que reiniciarán las negociaciones con el Ejecutivo si se desiste del proceso, iniciado de oficio por la Fiscalía en contra de sus ejecutivos por ser presuntos responsables del delito de incumplimiento de contrato y teniendo, principalmente, como prueba los resultados de la auditoría hecha a sus inversiones.
“Requerimos seguridad jurídica para operar en el país, y tener una persecución penal contra los inversionistas definitivamente no es un acto de seguridad”, aseguró. Además, solicitó hallar una solución aceptable para ambas partes sobre los $us 18 millones de la segunda boleta ejecutada de “manera ilegal” a JSB debido a la no renovación de la garantía.
Auditoría. Y tercero, precisó, “pedimos que se deje sin efecto cualquier auditoría a las inversiones” de la empresa, porque el Estado no puede garantizar la provisión de 10 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural para la planta siderúrgica.
El 5 de julio, el Ministerio de Minería, la ESM y JSB retomaron las negociaciones para dar continuidad al proyecto, luego de que el 8 de junio Jindal notificara su intención de rescindir el contrato de riesgo compartido suscrito con la ESM. Las observaciones principales eran la falta de un contrato que garantice la provisión de gas para el funcionamiento del complejo y a que no se les entregó el total de las tierras saneadas.
En ese marco, Gallardo recordó que el plazo legal para llegar a un acuerdo con el Gobierno vence el 16 de julio. Caso contrario, dijo, se rescindirá el contrato. “Esperemos que no se dé, porque nosotros estamos dispuestos a negociar en la medida en que se halle una solución a estos tres temas”.
La carta dice que los puntos no son “negociables” para que la firma siga adelante con el proyecto. Afirmó que si dichos puntos se resuelven de forma favorable, se reiniciarían las tratativas con YPFB, que permitiría la firma de un contrato de provisión de gas para el complejo del Mutún.
Amit Kumar, asistente ejecutivo del presidente de Jindal Steel & Power Limited (JSPL), Naveen Jindal, dijo que se puede trabajar con 1 MMmcd a 10 MMmcd de gas, pero con 2,5 MMmcd se haría “un trabajo de forma cómoda; lo que sí tenemos que ver es la factibilidad del proyecto con menos gas para que sea rentable”. Ratificó que la reducción de gas retrasaría y bajaría la producción de acero.
El gerente detalló que se envió una carta a YPFB para conocer la disponibilidad de gas, porque “existe la predisposición de negociar” previa solución de sus peticiones. Gallardo añadió que de forma paralela se discutiría con Minería y la ESM la reconfiguración del proyecto, en función a los volúmenes disponibles de gas natural.Dichos puntos deberán estar concluidos “en lo posible hasta el 16 de agosto”, dice el documento.
El gerente dijo que se debe llegar a un “acuerdo” entre ambas partes para firmar una “adenda”, que dependerá de la provisión de gas. La carta indica que hasta el 16 de septiembre se “deberá tener la adenda del contrato”, la que será enviada a la Asamblea. En dicho documento, JSB requiere considerar “la protección jurídica de sus inversiones, la garantía de no nacionalización” y resolver sus problemas según lo dispuesto en el contrato y no por vía penal (ver cuadro).
Puntos de la adenda
Peticiones de Jindal
• La protección jurídica de sus inversiones, la garantía de no nacionalización y que se resuelvan los problemas en base a lo dispuesto en el contrato y no por vía penal.
• La comercialización de productos siderúrgicos en el mercado local deberá ser realizada por la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB).
• No deben haber limitaciones a las exportaciones de los productos del Mutún.
• Disponer de terrenos en Puerto Busch y tener permiso para construir un puerto para que, de forma conjunta, entre JSB y el Gobierno edifiquen un megapuerto en Puerto Busch (situado en la provincia Germán Busch de Santa Cruz).
• Contar con toda la logística necesaria para el complejo siderúrgico (camino o ferrocarril desde el yacimiento del Mutún a Puerto Busch), el cual deberá ser realizado por el Gobierno en un plazo definido.
• El porcentaje del mineral primario y secundario en la explotación (70/30) debe ser discutido y resuelto.
• La regalía debe ser calculada en base al precio ex mina y no CIF (costo, seguro y flete puesto en el destino convenido) en la China.
• El precio de referencia para precios altos, establecido en la Ley Minera, deberá ser modificado en el mismo valor que el determinado por el contrato.
• Se deberán eliminar impuestos y gravámenes a la importación de los equipos para el proyecto.
• Entrega total de tierras del área del contrato.
• Aprobación de la licencia ambiental para la fase de siderurgia, así como la disponibilidad de agua para el complejo.
• El cronograma del proyecto deberá estar vinculado al cumplimiento de las obligaciones por parte del Gobierno.
• Facilidades migratorias para el ingreso de trabajadores extranjeros al país.
Gobierno sólo negociará con JSB la auditoría
De las tres condiciones que puso Jindal Steel Bolivia (JSB) para quedarse en el país, el Gobierno afirmó que sólo negociará la referida a dejar sin efecto la auditoría realizada a las inversiones de la empresa, informó el viceministro de Minería, Freddy Beltrán.
Beltrán señaló que el Ejecutivo puede discutir con la compañía esa petición, lo que significaría “hacer una auditoría de forma conjunta” o, si ésta no se realizara, “explicar por qué no se la haría de forma inmediata”.
El 11 de abril, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería indicó que la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) contrató a la firma Delta Consult SMS Bolivia para hacer la auditoría a las inversiones de JSB. El 25 de mayo, la Fiscalía señaló que el informe de la auditoría indicaba que JSB efectuó una inversión de $us 12 millones. La firma ratificó ayer que hizo las inversiones comprometidas y que están certificadas.
Sobre el pedido de Jindal para que se levante los procesos en contra de sus ejecutivos, Beltrán ratificó que es una decisión que “no depende del Ejecutivo”. Aseguró que para el Gobierno las boletas ejecutadas a JSB son un tema cerrado porque, si no lo hubiera hecho, las autoridades de la ESM o el Ministerio de Minería enfrentarían un proceso penal por daño económico al Estado.

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ESTÁ EN PROCESO DE ADECUACIÓN
Karachipampa iniciará operación a fin de año
La planta metalúrgica tratará las cargas con
 contenido de plomo y plata
Se está negociando con dos grandes proyectos para garantizar la alimentación de la planta porque el mineral que sale del Cerro Rico de Potosí tiene alto contenido de zinc y no es apto para su tratamiento en esta función que trabaja plomo-plata
El Potosí. /16/07/12/.- El Complejo Metalúrgico de Karachipampa debe entrar en funcionamiento hasta fin de año ya que así está previsto por el equipo técnico que tiene a su cargo el proceso de adecuación, de acuerdo a la información proporcionada por el ministro de Minería, Mario Virreira.
La autoridad manifestó que el venidero mes comenzarán las pruebas de los diferentes componentes de la planta con la finalidad de establecer los ajustes respectivos y garantizar de esa manera que hasta el mes de diciembre se tenga la planta lista para iniciar sus operaciones.
Cuando se comenzó la adecuación de la planta se había anunciado que su funcionamiento estaba previsto para el mes de julio pero se tuvo algunos retrasos que hoy muestran la necesidad de modificar el cronograma y se estima su funcionamiento para el mes de diciembre.
La construcción de este complejo metalúrgico comenzó el año 1982 y terminó en 1985 con una inversión aproximada de 200 millones de dólares pese a lo cual nunca entró en funcionamiento.
En caso de consolidarse su puesta en marcha, la planta arrancaría tras 27 años de estar parada para tratar cargas con contenido de plata y plomo en aproximadamente 52 mil toneladas de cargas por año.
Para atender los requerimientos ambientales se está impulsando la construcción de una planta de lavado de gases y una refinería de zinc para aprovechar los otros minerales que existen en la zona y echar al exterior gases que no afecten al medio ambiente ni a las personas.
Las autoridades municipales están consolidando la declaratoria de la comunidad de Karachipampa como zona industrial con la finalidad de garantizar la puesta en marcha del proyecto y la instalación de otras industrias en esa parte del territorio potosino.
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Al principio 10.000 toneladas mensuales

Oruro será el primer departamento en exportar hierro para China

•  La empresa orureña Mining & Logistics S.R.L. será la responsable, junto a la Cooperativa Minera Cebadillas de Challapata


Proyecto de Soracachi que no fue consolidado 
La Patria /09/07/2012/.- Oruro será el primer departamento de Bolivia en exportar hierro, en este caso a China, luego de que se encontró un yacimiento que cuenta con mineral de 68 por ciento de ley, lo que hace posible su venta al exterior, informó el director de Cooperativas Mineras del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, Eduardo Berdeja.
Será la empresa orureña Mining & Logistics S.R.L. la responsable de la exportación bajo un convenio con la Cooperativa Minera Cebadillas de Challapata que es la que explota el yacimiento.
La autoridad explicó que desde hace dos años la Gobernación ha gestionado la exportación de hierro a China a través de la empresa Mitral S.A., pero se encontraron con varios problemas, entre ellos que la ley del mineral no alcanzaba al 63 por ciento que es requerido para su exportación.
"En ese sentido hemos estado dos años haciendo gestiones, hemos tenido varios problemas, la empresa Mitral S.A. tropezó con problemas como los contenidos de los minerales que no han alcanzado al porcentaje que se requería para la exportación, que tiene que tener 63 por ciento de hierro", dijo Berdeja.
En esos dos años se han acumulado más de 30.000 a 40.000 toneladas de hierro en Soracachi listas para exportarse, pero lamentablemente no han llenado a las expectativas, pues sólo cubrían hasta 50 por ciento de ley.
Es así que los comunarios de Challapata enterados del propósito de la exportación de hierro hicieron conocer que existe un yacimiento que cuenta con mineral que tiene 68 por ciento de pureza, por lo que se realizaron las gestiones para en principio lograr un contrato de arrendamiento para la cooperativa y su personería jurídica.
"Ya se tiene toda la documentación, ahora le toca a la nueva empresa convenir con la cooperativa, firmar un contrato de largo plazo de 5, 10 ó 15 años, entonces esa es la situación, desde el lunes (hoy) se tendrá la novedad de que Oruro sí estará exportando hierro hacia China, en principio 10.000 toneladas por mes pero con la proyección de extenderse a 30.000 toneladas por mes", indicó Berdeja.

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Gobierno y Jindal convergen en varios puntos y avanza el diálogo

Un adéndum al contrato permitiría que la empresa vuelva a trabajar en Puerto Suárez.
El Diario /07/07/2012/.El primer paso para que Jindal Steel se quede en el país y el Gobierno ceda de una anterior posición se dio tras los primeros encuentros entre representantes de la empresa hindú y los ministros de Minería y Metalurgia e Hidrocarburos, Mario Virreira y Juan José Sosa, respectivamente.
Un adéndum al contrato que implica el cambio de algunas de las cláusulas permitirá que la empresa Jindal vuelva a trabajar en Puerto Suárez, aunque con algunas variantes en el contrato que favorezcan a ambas partes.
Entre esos puntos que serán incorporados figura el establecimiento de la provisión de 2,5 millones de metros cúbicos de gas y no los 6 que pide la empresa, porque la posibilidad del país en estos momentos no va más allá de una provisión de 2,5 millones de metros cúbicos. El contrato inicial señalaba que en principio el país se comprometía a entregar 6 millones y en una segunda fase esta provisión llegaría a 10 millones.
Otro de los puntos de esta modificación define la suspensión del requerimiento fiscal contra los principales ejecutivos de la empresa que no pueden retornar al país por esta cuestión y que superado el impasse, podrán volver a trabajar regularmente.
Finalmente, se convino en estudiar el tema de la ejecución de la segunda boleta de garantía de 18 millones de dólares, que sería la muestra contundente de que el Gobierno tiene la intención de alentar a la empresa en su propósito.
Tras el primer diálogo se elaboró un acta de entendimiento en el que se especifica el inicio de negociaciones y la buena voluntad de partes para que mejore sustancialmente el contrato de riesgo compartido.
Hasta la próxima semana se llegaría a un acuerdo tras la incorporación de estos puntos, que además implicaría el retorno de muchos de los trabajadores a sus puestos de trabajo.
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